¿Qué es y para qué sirve el Concurso de Acreedores?
Emprender un camino hacia el concurso de acreedores es un paso delicado y crucial para las empresas en España. La realidad financiera de una empresa puede volverse frágil y, en ocasiones, las organizaciones se ven abocadas a situaciones críticas que las llevan a solicitar un concurso de acreedores.
El concurso de acreedores es un proceso legal en el ámbito empresarial que busca gestionar las deudas de una empresa que enfrenta dificultades financieras. Su objetivo es permitir a la empresa superar esas dificultades, ya sea a través de una reestructuración o, en casos extremos, mediante la liquidación ordenada de sus activos. Este proceso ofrece un marco jurídico para negociar con los acreedores y establecer acuerdos que permitan la continuidad de la empresa o, en su defecto, determinar la mejor manera de liquidar sus activos para satisfacer las deudas existentes.
¿Qué es un concurso de acreedores?
El concurso de acreedores es un proceso legal que busca resolver situaciones de insolvencia o falta de liquidez de empresas con dificultades financieras. Este proceso está regulado por la Ley Concursal española y aunque la mayor parte de concursos de acreedores son solicitados por empresas, también es valido para autónomos o particulares.
Cuando una empresa o autónomo se encuentra en una situación en la que no puede hacer frente a sus deudas de manera regular, puede solicitar el concurso de acreedores para intentar reestructurar su deuda y evitar la quiebra, buscando que los acreedores puedan cobrar y por otra parte una solución que permita la continuidad de la empresa o, en su defecto, liquidarla de manera ordenada
El proceso de concurso de acreedores se lleva a cabo ante un juzgado mercantil y está supervisado por un juez especializado en materia concursal. Durante el proceso, se designa a un administrador concursal que actúa como mediador entre la empresa deudora y sus acreedores. El administrador concursal realiza un inventario de los activos y pasivos de la empresa, y propone un plan de viabilidad para intentar salvar la empresa y pagar a los acreedores en la medida de lo posible.
Si no es posible alcanzar un acuerdo con los acreedores, el concurso puede llevar a la liquidación de la empresa, en la que se venden sus activos para pagar a los acreedores en el orden establecido por la ley.
¿Cuándo solicitar el concurso de acreedores?
Determinar el momento preciso para solicitar el concurso de acreedores es una decisión estratégica y crucial para la supervivencia de la empresa. Para ello la empresa debe pasar por graves dificultades económicas con la imposibilidad de cumplir con las obligaciones financieras que puedan llevar a su quiebra y que con este procedimiento para poder sanear la empresa y se pueda evitar su quiebra.
Es importante que la solicitud se realice de manera oportuna, en cuanto se detecten los primeros signos de dificultades financieras que indiquen la imposibilidad de cumplir con las obligaciones de pago. De esta manera, se puede iniciar el proceso concursal lo antes posible para buscar soluciones que permitan la viabilidad de la empresa o una liquidación ordenada de sus activos en beneficio de los acreedores.
Además, en caso de que la empresa o autónomo haya incurrido en causa de disolución (por ejemplo, que sus pérdidas superen la mitad de su capital social), es obligatorio solicitar el concurso de acreedores en un plazo máximo de dos meses desde que se conocieron los hechos que lo motivan. En nuestro despacho de abogados somos especialistas en derecho concursal, por lo que puedes contactar con nosotros para cualquier duda o consulta.
Tipos de solicitud del concurso
Existen dos formas principales de iniciar un concurso de acreedores en España:
- Solicitud voluntaria: Se presenta cuando la empresa o el autónomo reconoce su situación de insolvencia y decide solicitar el concurso de acreedores de manera voluntaria. En este caso, la solicitud la realiza el propio deudor en un plazo máximo de dos meses. En el caso de que la solicitud sea aceptada para su consideración, se tratará de un concurso voluntario. Sin embargo, si no se solicita el concurso, la empresa corre el riesgo de enfrentar sanciones económicas o incluso cargos penales, ya que el juez podría interpretar la quiebra como intencional y con propósitos ilegítimos.
- Solicitud forzosa: Una solicitud forzosa de concurso de acreedores ocurre cuando un acreedor, o un grupo de acreedores que representen al menos el 25% de la deuda total, presenta una solicitud ante el juzgado competente para obligar al deudor a entrar en concurso de acreedores. Esto sucede cuando el deudor no ha presentado el concurso voluntariamente a pesar de encontrarse en situación de insolvencia. La finalidad de esta solicitud es proteger los intereses de los acreedores y asegurar que se tomen las medidas necesarias para gestionar la insolvencia de manera justa y equitativa.
¿Cómo se declara un concurso de acreedores?
La declaración de un concurso de acreedores implica un proceso detallado que sigue plazos y requisitos específicos:
- Tiempo. La solicitud ha de presentarse en un juzgado mercantil dentro de los dos meses posteriores a tener conocimiento de la situación económica.
- Documentos de la solicitud. La solicitud debe incluir la declaración del concurso de acreedores, la memoria económica del deudor, el inventario de bienes y de derechos y la lista de acreedores por orden alfabético.
- Modo. Toda la documentación debe presentarse en plazo en el juzgado mercantil correspondiente.
Si el proceso avanza y el tribunal acepta el concurso de acreedores, se hará público en el Boletín Oficial del Estado (BOE), permitiendo a los acreedores presentar en el tribunal la solicitud y documentación que respalde las deudas.
El juez determinará qué deudas están adecuadamente respaldadas y calificadas para formar parte del proceso de concurso. Luego, designará a un administrador, cuya función será negociar las deudas con los proveedores durante el período indicado por el tribunal. Esto puede incluir la extensión de los plazos de pago y, en algunos casos, la reducción o eliminación parcial de la deuda. El administrador concursal puede ser una persona individual o un equipo de tres personas, típicamente compuesto por un abogado, un economista o auditor, y uno de los acreedores.
El concurso sigue dos fases principales: la fase común, donde se gestionan los activos y pasivos, y la fase de convenio o liquidación, donde se busca alcanzar un acuerdo con los acreedores o proceder a la liquidación de los activos para el pago de las deudas. Durante el concurso, existe la llamada acción rescisoria, un mecanismo legal que permite impugnar determinadas operaciones realizadas por el deudor antes de la declaración del concurso de acreedores para evitar que el deudor realice operaciones que perjudiquen la igualdad de trato entre los acreedores.
Una vez finalizado el proceso, el juzgado dicta una resolución que puede ser el cierre del concurso con la aprobación de un convenio o un auto de liquidación, dependiendo de la situación del deudor.
Las 4 fases del concurso de acreedores
- Actos previos. Incluyen la admisión a trámite, el inicio del concurso y las posibles medidas cautelares.
- Fase común. Inicio formal del concurso con la intervención de un administrador concursal.
- Fase de resolución. Desarrollo de un plan de convenio para llegar a acuerdos o la liquidación de activos.
- Determinación de responsabilidad o calificación del concurso (fortuito o culpable). Análisis de la conducta del deudor y posibles acciones legales.
¿En qué orden se cobra en un concurso de acreedores?
El orden de cobro en un concurso de acreedores está establecido legalmente en el Real Decreto Legislativo 1/2020, de 5 de mayo de la Ley Concursal.
Los acreedores privilegiados, como los trabajadores, tienen prioridad sobre los acreedores comunes. Dentro de esta categoría, se establece un orden específico para la distribución de activos, asegurando una equidad relativa en el proceso (últimos 30 días de salario, indemnizaciones por despidos…).
Después van los créditos privilegiados, es decir, las deudas hipotecarias, con la Hacienda Pública, con la Seguridad Social, etc.
Por último, se resuelven los créditos subordinados, el resto de pagos pendientes.
